Fernando Ramírez, estudiante de Historia y Filosofía
El debate sobre la autonomía universitaria parte del reconocimiento de las relaciones políticas, sociales y económicas que definen su campo en determinado momento histórico, a partir de las contradicciones entre los contenidos que desarrolla la Universidad, sus agentes y el contexto en el que éstas se enmarcan. Para 1957, por ejemplo, la conquista de la autonomía universitaria permite comprender la (re)acción particular de Honduras ante el precedente del Grito de Córdoba en 1918, que de forma extensiva presentó manifestaciones en toda Latinoamérica; así como la política nacional de reforma institucional que el Estado hondureño inició desde el mandato de Juan Manuel Gálvez en 1950, y que comprometía a la UNAH en la organización y formación institucional de los profesionales requeridos para la “modernización” del país.
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de la UNAH en 2005, la Comisión de Transición pondría en discusión la autonomía universitaria como un referente crítico en la construcción multisectorial y transdisciplinaria del conocimiento que exige la Universidad del siglo XXI. Este proceso se vinculaba también una profunda democratización de la UNAH como garantía política-institucional del fortalecimiento orgánico de la legitimidad entre los distintos actores de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, autoridades); así como la eficientización de los recursos de la UNAH en función de una transparente administración y distribución financiera entre las distintas Unidades Académicas (Facultades, Centro Regionales Universitarios, Centro Regionales, Escuelas).
En 2008 la Comisión de Transición logró sistematizar esta experiencia a través de la Reforma Integral de la UNAH. El gobierno de Julieta Castellanos tenía como principal objetivo el fortalecimiento de este proceso, sentadas las bases jurídicas y administrativas para que –entre otros retos–se posicione a la UNAH como
“protagonista en la transformación de la sociedad hondureña hacia el desarrollo humano sostenible, con recursos humanos del más alto nivel académico, científico y ético. Una institución con un gobierno democrático, organizada en redes y descentralizada, transparente en la administración de cuentas, con una gestión académica y administrativa-financiera participativa, estratégica, moderna y orientada hacia la calidad y pertinencia de la educación, la investigación y su vinculación con la sociedad hondureña y mundial…”. (Comisión de Transición UNAH 2005).
La actual situación de crisis de la UNAH acumula las contradicciones estratégicas, estructurales, humanas, tecnológicas, culturales y políticas que fueron dispuestas en el proceso de transición de la Reforma Universitaria, y que a partir de 2010 sistemáticamente fueron en detrimento producto del desconocimiento de los procesos de organización estudiantil, la usurpación y desplazamiento de funciones académico-administrativo por parte de decanos y/o directores de Centros, la política de sanción a la función docente (especialmente las limitantes a la libertad de cátedra) así como la arremetida política contra las conquistas de trabajadores; el estancamiento de los procesos de reforma curricular, profesionalización docente y modernización didáctico-pedagógico, y las distintas medidas de criminalización estudiantil a nivel administrativo, académico y penal.
Los acuerdos firmados por las autoridades universitarias y la representación del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) el 28 de julio de 2016, abarcaban –sin detenimiento político-estratégico por parte del sector estudiantil– la resolución del reconocimiento institucional a los procesos de organización estudiantil a través de las Asociaciones de Carrera y Facultad, a la par de un proceso de construcción de una nueva normativa académica que fuera discutida por todos los sectores de la comunidad universitaria una vez conformados legal y legítimamente los órganos de auto y cogobierno.
La política de desgaste de las autoridades universitarias dilató el proceso de consenso de Reglamento Electoral Estudiantil (REE) por medio de diálogos estériles con la vieja guardia de los frentes históricos; la conformación del gobierno estudiantil se vio impedida y la ofensiva de Julieta Castellanos en los casos vigentes de criminalización a partir de 2015 dio como resultado la condena de tres compañeros: Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
La profundización de la crisis se hace evidente con el arresto de 20 compañeros y compañeras en el edificio administrativo, el desalojo a 6 compañeras de la Facultad de Química y Farmacia, la intromisión violenta de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA) y grupos paramilitares en Ciudad Universitaria; en este marco, el MEU ve en precario los escenarios de diálogo, disponiendo en consenso nacional una propuesta donde el Congreso Nacional (CN) pudiera hacer efectiva la conformación de un Gobierno Universitario Provisional (GUP) para dar viabilidad a la representación estudiantil otorgada por la Ley Orgánica de la UNAH, sentará las bases de reintegración legal de los órganos directivos (Junta de Dirección Universitaria) y ejecutivos (Consejo Universitaria) y se convocara a una Asamblea Constituyente Universitaria (ACU), donde todos los sectores externos e internos a la UNAH discutieran de forma integral el proceso de Reforma Universitaria.
Prologada la crisis hasta hoy, martes 1 de agosto de 2017, cabe la pregunta: ¿hacia dónde se dirige la problemática universitaria tras dos meses de conflicto, la ilegalidad en la función de las autoridades universitarias y un Anteproyecto de Ley en el CN? ¿Fue cedida la autonomía universitaria a las redes de corrupción que involucra el pleno del legislativo hondureño?, ¿cuáles son los alcances de la propuesta y acción del movimiento estudiantil tras casi dos meses de resistencia, 33 días de Huelga de Hambre y una acometida penal y administrativa contra 28 compañeros/as? Estas preguntas representan discusiones por sí solas, sin embargo, corresponde hacer sustantivo el debate sobre la autonomía universitaria y las relaciones políticas que enmarcan a la crisis.
Para Enrique Dussel (2006), la construcción ético-político de la función pública o una institución “tiene como referencia primera y última al poder de la comunidad política”; es decir, parte, se funda y responde al consenso integral entre sus actores, y no al ejercicio del poder “autorreferente” por un representante o un grupúsculo. Si comprendemos a la Universidad como un campo, cada sujeto interactúa e interviene en las relaciones y conflictos que el mismo delimita; la UNAH plantea un campo académico-político donde docentes, estudiantes, trabajadores y autoridades se interrelacionan en permanentes ejercicios de poder, contrapoder y representación, a lo interno y externo de los procesos académicos, curriculares, pedagógicos, políticos, culturales y administrativos: construyendo desde la intersubjetividad de sus agentes, por tanto, los marcos de acción e interpretación que involucra cualquier proceso de Reforma Universitaria.
Considerando lo anterior y ante las últimas disposiciones de Consejo Universitario el viernes 28 de julio, ¿qué balance pueden alcanzarse del proceso de democratización de la UNAH? La primera conclusión es un manifiesto momento de mecanización del proceso de Reforma, que se evidencia en la incapacidad de sistematizar en soluciones programáticas –por parte de las autoridades– los conflictos propios de una crisis de legitimidad radicalizada desde el 2015 hasta la fecha, impidiendo la conformación de la nueva estructura orgánica y las distintas modalidades de democratización que exige; la segunda conclusión refuerza el estado de persecución y control de la administración de Julieta Castellanos, trastornando la gestión académica inherente a la Universidad por una gestión policiaca, inquisitoria y acrítica a cualquier disidencia o a la condición pluralista de pensamiento que supone.
La última conclusión corresponde más bien a las responsabilidades históricas adquiridas de la lucha estudiantil en estos años de formación organizativa. Desde el 2009 el movimiento estudiantil ha vinculado su accionar a la problemática de país, aunque de forma aislada. Las contradicciones acumuladas a lo interno de la UNAH han externalizado la necesidad de una academia consecuente con sus compromisos sociales y políticos, hoy el movimiento estudiantil ha hecho visible, junto con los movimientos sociales (indígenas, campesinos, trabajadores), el estado de pasividad y complicidad que la Universidad presta a sus contenidos éticos y pedagógicos, en detrimento de la investigación, la vinculación y los procesos de transformación que debe propiciar a través de todas sus áreas del conocimiento.
El movimiento estudiantil debe elevar, por sobre la visión reduccionista y mediocre de la autoridades administrativas de la UNAH, un espíritu renovado de la autonomía universitaria; que comprenda la capacidad de autorreflexión permanente de la comunidad universitaria sobre el desarrollo político, académico y cultural de la UNAH en relación a sus compromisos irrestrictos con la sociedad. En adelante, será tarea constituir al pueblo como referente primero y último de las formas en cómo pensar e intervenir la Universidad, desmoronando las viejas sombras del autoritarismo que hoy se alza en trece pisos de cemento, arrogancia y locura.
UNAH Estudiantes 