Como es propio de un régimen autoritario Julieta Gonzalina Castellanos ex-rectora de la UNAH saltándose todo mecanismo de transparencia y licitación por compromisos adquiridos (por nombrarla rectora en el 2009 sin cumplir con los requisitos y sin ponderación de currículo) con el cartel Hernández, contrató la Empresa de Seguridad Privada del Aguán S. de R.L. (E.S.P.A.), la cual tiempo atrás se le había cancelado el contrato en la UPN-FM por el hecho de que estaban implicados en el robo de vehículos y motocicletas de dicho centro universitario. Sin dictamen más que una «patarata» de licitación y mediante presiones del cartel Hernández y con el «empujoncito» de Julio Navarro que sacó jugosas ganancias por dicho contrato y recontrataciones futuras, fue que Gonzalina Castellanos llevó a esta empresa privada a la UNAH pagándole al inicio más de 36 MILLONES de lempiras por año, que a medida que se re-contrataban aumentaban los costos a casi llegar a los 50 millones por año.
Roger Aguilar un exmilitar y oreja del escuadrón de la muerte 3-16 de la década de los 80′, fue el peón con que Gonzalina Castellanos instalaría un sistema de «inteligencia», este individuo nunca fue un empleado directo de la UNAH sino que trabajaba mediante una «consultoría de seguridad» siendo un eslabón fundamental entre Gonzalina Castellanos y ESPA. Sin embargo, bajo la administración del rector interino Herrera, este llegó a ser un empleado directo de la UNAH y sigue trabajando el tema de seguridad en nuestra universidad.
En el 2016 a causa de la soberbia e intransigencia de Gonzalina Castellanos de no querer dialogar y mucho menos resolver la crisis institucional que ella misma había causado por el autoritarismo, violación de derechos humanos, criminalización y judicialización de estudiantes que buscaban democratizar el gobierno universitario el cual esta señora evitó a lo largo de ocho años que ocupo el cargo, por lo que le sobrevinieron las tomas de las instalaciones y pérdidas de periodos académicos como de pérdidas millonarias para la institución, así mismo como de los negocios internos y de los que externamente se benefician en la venta de servicios a estudiantes. Por lo que, intervino una Mesa Mediadora conformada por los honorables Ismael Moreno, Mauricio Díaz Burdett, Miriam Miranda, Carlos Posas y Vernor Muñóz quienes recomendaron a las autoridades universitarias «la necesidad de llevar a cabo un rigoroso monitoreo y seguimiento del trabajo del personal de seguridad, su capacitación permanente en apego a los derechos humanos y la aplicación de sanciones oportunas ante eventuales abusos».
Obviamente tales recomendaciones Gonzalina Castellanos se las pasó «por la calle de tierra» ya que el año siguiente (2017) se generó otro estallido de la lucha estudiantil. A la soberbia e intransigencia de Gonzalina se le suman los malos cálculos de sus «asesores» Armando Sarmiento, Julio Navarro y Pablo Carías quienes tienen deuda pendiente con la justicia universitaria y además de cometer el peor pecado de subestimar la capacidad organizativa del sector estudiantil.
Entre la espada de la seguridad y el filo de la persecución política
No es ajeno al entendimiento de cualquier miembro de la comunidad universitaria sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones, pero como estudiantes y profesionales de la Máxima Casa de Estudios de Honduras no podemos pensar tan a la ligera el tema de seguridad o creer que no está relacionada en el escenario del espacio público, escenario espacial donde converge una realidad de múltiples dimensiones y por lo tanto de distintos protagonistas que generan un significado social de la universidad con base en determinantes sociales históricamente producidas «La Universidad Pública, Nacional y Autónoma», significación social que se ha venido trastocando por la lógica re-colonizadora de la educación de mercado como cristalización del pensamiento único de la ideología neoliberal. En esa significación social es difícil concebir a una «Universidad Policía» donde el protagonista ya no es el estudiante y docente (alma y espíritu de la universidad) quienes podrían repensar sobre la seguridad en la UNAH y «parir» aportes significativos al respecto; sino que más bien, el burócrata se viste de «autoridad» y se siente y ejerce esa autoridad como para determinar «lo bueno y lo malo» para nuestra universidad, para nuestra seguridad. Obviamente el régimen julietista-cachureco en ocho años consolidó un gobierno universitario a la usanza de la época colonial, suprimiendo derechos humanos, democráticos y participativos, es por ello que la comunidad universitaria dista de muy lejos entender la relación que hay entre la seguridad y la persecución política.
No se niega la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en todos los campus universitarios, pero es de entender que combatir la violencia mediante «mecanismos de vigilancia» sin combatir la cultura de la violencia es como querer «tapar el sol con un dedo», OJO entiéndase todo tipo de violencia, que comprende la ejercida por las mismas autoridades, por los docentes y por la comunidad estudiantil. ¿A quién le gustaría que le roben su vehículo o motocicleta dentro de la UNAH? ¿Quién quisiera que lo asalten o lo bolseen en las aulas o pasillos? o peor aún, ¿Quién quiere ser violada en un baño? ¡ABSOLUTAMENTE NADIE!
Los escáneres al vehículo y a la motocicleta mediante un código QR no es el problema, el problema es que en algunos elementos de la nueva política de seguridad se han generado mecanismos sofisticados de «inteligencia» para la persecución política contra estudiantes en lucha, contra docentes y empleados organizados. Ya la autoritaria Gonzalina Castellanos dejó evidenciado para que instaló cámaras de largo alcance y alta calidad en el edificio administrativo, mínimo cuatro cámaras en cada edifico en Ciudad Universitaria… y ahora un dron.
Cabe señalar que con el sistema de seguridad privada que instaló Gonzalina Castellanos jamás se pudo explicar como dentro de las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico UNAH-CURLA bajaron de un tractor, capturaron, secuestraron y desaparecieron al otrora presidente del SITRAUNAH de este Centro Universitario, Donatilo Jimenez.
Tampoco, con la actual empresa de seguridad y con la exagerada cantidad de cámaras ubicadas en todos los edificios de Ciudad Universitaria no se ha podido evidenciar la golpiza que se le propinó al estudiante Allan Gustavo Izaguirre el cual murió tiempo después en el hospital a causa de los golpes recibidos por un individuo que también alquila data show en la UNAH.
Allan Gustavo Izaguirre recibió una paliza en la UNAH y a causa de ello murió en el hospital
Y para colmo, recientemente un estudiante de ingeniería eléctrica recibió también una paliza propinada por un empleado de la UNAH, el sistema de seguridad con esa gran cantidad de cámaras no han podido ayudar.
Ya es oportuno, es decir, llegó el momento de sacar a luz la peligrosa embestida que está fraguando la narco-dictadura cachureca militar contra el sector estudiantil organizado y que utilizaría algunos elementos del sistema de seguridad adoptados por el Consejo de Seguridad Universitaria, consejo donde no existe la Asociación de Docentes ADUNAH, ni los empleados del SITRAUNAH y mucho menos estudiantes de las Asociaciones.
El Heraldo, HCH y La Prensa así como de otros medios tarifados de escala menor se han dedicado a despotricar contra el Movimiento Estudiantil, esta vez El Heraldo señala categóricamente a un «Dirigente del MEU» que fue capturado por «tráfico de drogas», si bien es cierto la sociedad hondureña adolece el flagelo de las drogas, bueno, el Cartel Hernández con su monopolio de la droga y lavado de activos en Honduras sabe a que nos referimos, podemos ver que la campaña sucia es muy clara…
Tan clara que tiene objetivos bien definidos y que se muestran a continuación:
El 08 de febrero del presente año el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa recibió una solicitud de carácter urgente por parte del Ministerio Público de intervención de la comunicación consistente en vaciado telefónico de llamadas y mensajes entrantes y salientes de 33 personas, 31 son estudiantes universitarios de la UNAH en lucha, organizados en colectivos independientes, un defensor de derechos humanos filiado al Partido Libre y a un docente de la Carrera de Historia de la UNAH. Se les acusa de hechos delictivos como trasiego de drogas y delitos relacionados con una Organización Criminal. por cuestiones de seguridad no hacemos público los nombres, sin embargo, ya están sabidos.
El sector estudiantil y en si toda la comunidad universitaria deben de poner las barbas en remojo, la narco-dictadura cachureca-militar no está jugando, esto es propicio para capturar, asesinar y desaparecer estudiantes en lucha. Saben que si el sector estudiantil de la UNAH se une con secundaria, con los obreros, campesinos, indígenas y otros sectores de sociedad civil como de la oposición, segura derrota para la dictadura, tal y como sucedió con el dimisión de Julio Lozado Díaz de la presidencia en 1956.
UNAH Estudiantes 